David Ed Castellanos Terán
@dect1608
México acumula más de 390 mil personas no localizadas. Es una herida abierta que se ensancha con el paso de los años y la normalización del horror. Sí, diremos que comenzó el PAN, pero el PRI poco pudo hacer y MORENA, no la reduce. De ese universo, alrededor de 14 mil personas habrían sido víctimas de algún delito mientras transitaban por Tamaulipas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación. El dato no admite eufemismos: el corredor noreste del país se convirtió, para miles, en una zona de riesgo donde el viaje cotidiano puede terminar en desaparición.
Tamaulipas, por sí solo, registra 13 mil 659 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas No Localizadas. La cifra coloca a la entidad entre las más golpeadas por una violencia que no sólo mata, sino que borran, y no alcanza ni mensaje, ni retórica para “administrar” el dolor.
En ese contexto —y no en el vacío— debe leerse la decisión de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Ayuntamiento de Tampico de crear una Especialidad en Psicología Forense, un posgrado orientado a la atención de víctimas y al apoyo técnico en procesos judiciales. El convenio, firmado por el rector Dámaso Anaya Alvarado y la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, prevé iniciar en agosto de 2026, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS), en coordinación con el DIF Tampico. Esto es algo así como entrarle al toro por los cuernos, y a ellos no les interesó el riesgo político que esto conlleva, la meta fue sumar esfuerzos para un mejor Tamaulipas.
Entre 2023 y 2025, al menos 200 personas mayores de 60 años desaparecieron en Tamaulipas. Adultos mayores. Personas con rutinas predecibles, con trayectorias cortas, con redes familiares visibles. Definitivamente es una falla estructural del sistema de protección, de la prevención y de la investigación. Y también es un síntoma de otro rezago: la falta de personal especializado para evaluar psicológicamente a víctimas, analizar contextos, emitir dictámenes periciales sólidos y acompañar a familias que, además de buscar a los suyos, deben enfrentar un laberinto institucional hostil.
Anaya Alvarado ha sido claro al señalar que la especialidad busca “poner el conocimiento científico al servicio de la justicia, la protección de los derechos humanos y el bienestar comunitario”. No es retórica universitaria. La psicología forense —bien aplicada— puede marcar la diferencia entre una investigación que se empantana y una que avanza; entre una víctima revictimizada y una acompañada con rigor técnico; entre un expediente mal integrado y uno que resiste el escrutinio judicial.
La alcaldesa Villarreal Anaya ha reconocido que el posgrado surge de una necesidad detectada por el DIF, es decir, desde el territorio, desde el contacto directo con la tragedia cotidiana. Y eso importa. Porque durante años, la política pública se diseñó de espaldas a las víctimas, como si la violencia fuera un fenómeno pasajero y no un sistema que exige respuestas profesionales, permanentes y evaluables.
El plan de estudios anuncia un enfoque ético y humanista, con énfasis en intervención legal, investigación aplicada y prácticas con instituciones públicas. Prevención de la violencia, protección de grupos vulnerables y atención integral a víctimas no deberían ser consignas: deben convertirse en capacidades instaladas.
Especialistas formados, plazas creadas, presupuestos asignados, protocolos públicos.
Esta especialidad no resolverá la crisis de desapariciones. Pero sí puede ayudar a que el Estado Mexicano deje de improvisar.
La desaparición forzada y la desaparición vinculada al crimen no sólo son delitos: son fracturas profundas del pacto social. Y frente a ellas, la respuesta no puede ser sólo policial. Debe ser técnica, humana y sostenida. La academia, cuando asume ese papel sin complacencias, se convierte en un actor político en el mejor sentido del término: el que corrige fallas del poder.
Hacen bien con este pacto, hoy Tamaulipas ocupa de esos peritajes bien hechos, de más acompañamiento profesional. Menos cifras y más nombres con apellido, aunque duela, pero su localización es poner “fin” a un dolor y dar entrada al proceso de la resignación. Desaparecer en tránsito no debería ser el precio de vivir —o cruzar— este país.
En la intimidad… El sector industrial del sur de Tamaulipas reforzó su vínculo con la educación tecnológica tras la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y Grupo Industrial Águila, acuerdo que busca articular proyectos académicos, científicos y tecnológicos con impacto directo en la formación profesional y la innovación productiva.
El convenio fue suscrito por el director del TecNM–Ciudad Madero, Juan Dionisio Cruz Guerrero, y el director de Grupo Industrial Águila, Juan Ruperto Rodríguez Zárate, quienes coincidieron en que la alianza responde a la necesidad de acercar la enseñanza de las ingenierías a los retos reales de la industria.
Para la institución educativa, el acuerdo adquiere relevancia estratégica al vincularse con un proyecto industrial en Altamira enfocado en la conversión de residuos plásticos en combustibles limpios, una iniciativa con impacto directo en áreas como ingeniería química y ambiental.
“Es un acuerdo que marcará un antes y un después para el TecMadero, porque lo establecemos con un grupo empresarial que desarrolla un proyecto pertinente para varias de nuestras ingenierías”, señaló Cruz Guerrero.
Desde la perspectiva empresarial, Grupo Industrial Águila subrayó el prestigio académico del Tecnológico y el papel que han tenido sus egresados en posiciones clave dentro de la compañía. “Este convenio no es un simple documento, es una declaración de confianza”, afirmó Rodríguez Zárate.
El acuerdo establece mecanismos de cooperación para investigación aplicada, capacitación, proyectos conjuntos y la incorporación de estudiantes mediante prácticas profesionales y residencias. Cuando la academia y la industria se encuentran sin simulación, el desarrollo deja de ser discurso y empieza a ser proceso.
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