Editorial | Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

La reciente negativa de un grupo de regidores del Ayuntamiento de Ciudad Madero a cumplir con el laudo judicial a favor del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento (SUTSHA) exhibe, una vez más, la resistencia política a asumir responsabilidades legales que se arrastran desde hace más de una década.

El fallo judicial es claro, definitivo e inaplazable: no existen ya instancias jurídicas ni recursos legales que permitan evadir su cumplimiento.

El origen del conflicto se remonta al año 2010, cuando el SUTSHA presentó una demanda laboral contra el municipio.

Tras un largo proceso, en 2021 la autoridad laboral sentenció al Ayuntamiento a pagar 51 millones 142 mil pesos, derivados del incumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

Entre las violaciones acreditadas se encuentran la falta de incremento salarial del cinco por ciento, así como la omisión en el pago de vales de despensa, fondo de ahorro, becas, uniformes y otras prestaciones.

Pese a que las causales quedaron plenamente demostradas ante la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, ninguna de las administraciones municipales posteriores asumió el adeudo.

Pasaron dos gobiernos priistas, uno panista y la primera administración de MORENA, (la cual duró seis años), quienes optaron por la misma ruta: recurrir a toda clase de recursos legales para postergar el pago; Incluso el último cartucho, el amparo, fue utilizado en repetidas ocasiones, con resultados favorables para el municipio durante el primer gobierno morenista, lo que contrastó con el discurso ideológico de respaldo a la clase trabajadora.

Hoy, el tema vuelve al centro del debate público tras la votación en Cabildo donde nueve ediles —entre ellos exintegrantes del anterior gobierno de MORENA, dos regidoras del PAN y una del PRI, además de uno de Movimiento Ciudadano — se pronunciaron en contra de aprobar un esquema de pago al sindicato, bajo el argumento central de que cumplir con el laudo dejaría endeudado al municipio.

Sin embargo, los hechos apuntan en otra dirección; La deuda ya existe y fue generada precisamente por las administraciones que decidieron no cumplir oportunamente con la ley.

Lo que se sometió a consideración del Cabildo no fue la creación de un nuevo compromiso financiero, sino la posibilidad de saldar uno ya reconocido judicialmente, además de hacerlo de manera programada y conforme a derecho.

La incongruencia política es evidente. Se rechaza una solución a un problema heredado por los mismos grupos que ahora se oponen, pero más allá de los colores partidistas, la negativa impacta directamente a cientos de trabajadores, entre ellos un número importante de mujeres, que desde hace años esperan el pago de prestaciones que legalmente les corresponden.

Recordemos que el laudo no es una recomendación ni una decisión discrecional: es una orden judicial que debe cumplirse. Persistir en su bloqueo no solo prolonga un conflicto laboral innecesario, sino que coloca al municipio en una posición de desacato y rompe la credibilidad de quienes, desde el discurso público, dicen defender la legalidad, la justicia social y los derechos de los trabajadores.

Aunado a esto, dicha negativa puede generar repercusiones más graves, ya que el incumplimiento del laudo, podría provocar un embargo de las cuentas municipales, lo que causaría un caos financiero a la administración e impactaría no solo al ayuntamiento, sino también a los ciudadanos; ¿Habrán pensado los ediles en esta consecuencia?… Pues tal parece que no.

En este caso, la ley ya habló, pero lo que falta por parte de algunos regidores, simplemente es voluntad política para acatarla… DE FACTO!!!

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