David Ed Castellanos Terán
@dect1608
Los rostros de una nueva Suprema Corte, elegida por primera vez (al menos en parte —por voto popular). Es un hecho histórico, y sin duda llama la atención. Pero más allá del cambio de caras, conviene preguntarse: ¿qué tanto cambiará de verdad?
Desde su origen, esta renovación nace con promesas potentes. Por un lado, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente entrante, proviene de una comunidad mixteca en Oaxaca y se presenta como símbolo de apertura y pluralidad. Su presencia resuena como una oportunidad para que nuestros pueblos originarios, que han sido relegados históricamente, al fin tengan una voz visible en el tribunal más alto del país. Él mismo lo ha dicho: “A los pueblos ya nos tocaba un espacio digno en las instituciones fundamentales”.
Y es cierto, ver representación es un paso necesario. Pero no basta. Esta nueva Corte también surge de una reforma impuesta por la administración de Morena, que cambió estructura, redujo el número de ministros de once a nueve, eliminó las salas y llevó a cabo divulgadas elecciones judiciales extrañas, con baja participación, uso de “acordeones” para orientar votos y señalamientos de falta de transparencia.
Ahora, a esta Corte se le exige muchísimo más que símbolos. La sociedad quiere justicia real: sentencias claras, imparciales y valientes; procesos transparentes; no más rezago ni favoritismos; no más decisiones que parezcan dictadas desde arriba.
Esta Corte necesita reconectar con la gente. Se le pide que use la inteligencia artificial con sentido ético y práctico, que no se quede solo en discursos, sino que traduzca avances tecnológicos en justicia accesible. Que desahogue los más de mil asuntos acumulados, que abran puertas (literal y figuradamente) y que dejen de ser un recinto aislado.
Sí, esta Corte puede ser un paso hacia una justicia más incluyente. Pero para lograrlo, necesita demostrar que no es solo una fachada. Debe trabajar, rendir cuentas y ganarse nuestro respeto, caso tras caso, veredicto tras veredicto. Porque la justicia no se construye solo con votos, sino con acciones que respondan al pueblo.
En la intimidad… La niña merece más que dos adultos enceguecidos por el rencor. Por eso, es urgente que el Sistema DIF de Ciudad Madero, que Doña Dunia Marón, esposa de Erasmo González Robledo o alguien de buen corazón, en verdad, preocupada por la indefensa niña; alguien del DIF en su representación estatal y/o defensores de sus derechos humanos, intervengan de inmediato, salvaguarden su integridad emocional y física, y eviten que siga siendo utilizada como rehén en una guerra miserable.
El Estado mexicano, a través de sus instituciones, tiene el deber de proteger a los menores cuando los propios padres renuncian a hacerlo.
La sociedad no puede seguir aplaudiendo espectáculos de dolor disfrazados de marchas o publicaciones en redes sociales. Los abogados, en lugar de litigar en la web, deberían velar por el bien superior de la niñez.
Es momento de poner en el centro a quien verdaderamente importa: esa pequeña que solo pide un futuro donde reine el amor, no la venganza
Lo que debería ser un entorno de amor y protección se ha convertido en un campo de batalla entre Gabriela Salazar y Alejandro Ávila, un matrimonio fracturado que ha exhibido en redes sociales sus miserias personales y ha convertido a su hija en una víctima colateral de sus odios y resentimientos.
La menor, indefensa, ha sido reducida a un arma de ataque mutuo. Se le ha negado el derecho más básico: crecer en paz, lejos de la violencia verbal, psicológica y física que sus propios padres han normalizado en su disputa.
Ambos han expuesto sin pudor a la niña a un ambiente que erosiona su seguridad emocional y su desarrollo integral.
En lugar de que alguien levantara la voz por la verdadera víctima —esa pequeña que no eligió nacer en medio de un infierno conyugal—, ambos, Alex y Gaby, se prestaron al circo mediático de unos adultos incapaces de resolver sus diferencias con madurez.
Gabriela y Alejandro han demostrado ser todo, menos padres responsables. La patria potestad no es un botín, ni un pretexto para chantajear ni para ganar simpatías virtuales. Es una obligación jurídica y moral que ambos han pisoteado.
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