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Hacia una regulación de la publicidad oficial en México

Redaccion

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*De los 778 medios que reciben publicidad oficial, TV Azteca, Televisa y La Jornada se llevan la mayor parte del gasto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

CDMX (10 de octubre de 2022).- En estricto sentido, la comunicación que tendría que existir entre el gobierno y la sociedad para rendir cuentas y promover los derechos y el cumplimiento de obligaciones. Sin embargo, la publicidad oficial se convirtió en una herramienta eficaz de control de la opinión pública.

Frente a este contexto, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica presenta, con el apoyo y la coordinación de TrustLaw, el programa de asistencia legal pro bono de la Thomson Reuters Foundation, el informe «Hacia una regulación de la publicidad oficial en México».

ARTICLE 19 colaboró con una red de abogados con la finalidad de analizar el marco legal e institucional para la regulación de la publicidad oficial (hasta junio de 2021). Siete despachos legales locales de Argentina, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay respondieron a una serie de preguntas vinculadas con la legislación, la normatividad, las prácticas, los criterios judiciales y la doctrina que determinan el objeto, las prohibiciones y la forma en que se asigna la publicidad oficial a los medios de comunicación en los distintos países que son sujeto de análisis.

El informe permite reconocer elementos importantes dentro del marco legal e institucional de cada uno de los países analizados. Por ello, es una herramienta de análisis legal para ser considerada en el proceso de regulación de la publicidad oficial en México.

Miles de millones de pesos se han ejercido para mantener una cultura de maquinación y engaño a la población a través de la compra de espacios en medios de comunicación y de expresiones de diversos periodistas a lo largo y ancho del país, con la intención de ensalzar al gobierno o a figuras del mismo en turno.

En nuestro país está pendiente el cumplimiento de la sentencia AR 308/2020, de septiembre de 2021, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena —de nueva cuenta— al Congreso de la Unión a reformar la Ley General de Comunicación Social a fin de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Ésta es su segunda oportunidad.

Durante el plazo otorgado por el Poder Judicial para el cumplimiento de la sentencia, el Congreso de la Unión no cumplió con lo establecido. Esto a pesar de que se le otorgó, a petición del propio Congreso, una prórroga, misma que se hizo extensiva al período ordinario de sesiones que fue del 1 de febrero al 28 de abril de 2022. Nuevamente, la ausencia de voluntad y compromiso político se hizo presente y la omisión legislativa continúa. El Poder Judicial otorgó, por última ocasión, una prórroga de 30 días hábiles contados a partir del 1 de septiembre de 2022 para que el Congreso cumpla su mandato constitucional; sin embargo, a 3 días de concluir este nuevo plazo, no hay señal de que vaya a cumplirse.

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El uso perverso de la publicidad oficial como mecanismo de censura es un pilar de la estructura del sistema político mexicano, y los medios se acostumbraron a esto. Es así que México se volvió un experto latinoamericano en el uso de la narrativa como elemento central de gobierno.

La publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta es un problema público que aqueja a buena parte de la región latinoamericana, y a pesar de los muchos intentos, hasta hoy no existe un solo país que lo haya resuelto.

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

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