Por Agustín Peña Cruz
En un Senado donde la estadística suele delatar inercias más que transformaciones, la productividad legislativa no es un asunto que pasa desapercibido, es un indicador político, pero también ético. En este sentido, la senadora Olga Sosa Ruiz ha construido un perfil que contrasta con la medianía parlamentaria de buena parte de la actual Legislatura. No por el volumen retórico, sino por la eficacia real de sus iniciativas y por una práctica poco frecuente: legislar con los pies en el territorio y la mirada en el consenso.
En la LXVI Legislatura del Senado de la República, las cifras hablan por sí solas. De 60 iniciativas ingresadas de manera personal, tres han sido aprobadas por el Pleno. Puede parecer un número modesto en abstracto, pero en el contexto legislativo mexicano —donde abundan los legisladores sin una sola iniciativa propia aprobada— adquiere un peso político importante. Más aún cuando se trata de la única legisladora tamaulipeca con iniciativas propias avaladas por el Senado, incluida la primera reforma constitucional impulsada por una o un representante de Tamaulipas.
Los símbolos moldean el relato político. La inscripción en el Muro de Honor del Senado que visibiliza la obra y legado de Ifigenia Martínez no es una acción decorativa: es una afirmación institucional sobre la memoria, el reconocimiento a las mujeres de Estado mexicano y la narrativa histórica que el poder legislativo decide preservar. A ello se suma la reforma constitucional en materia de lenguaje inclusivo y una iniciativa orientada a garantizar los derechos de los consumidores, que coloca en el centro la protección efectiva —no retórica— de quienes adquieren bienes y servicios.
Pero si algo distingue el desempeño de Olga Sosa es su capacidad de cabildeo y construcción de acuerdos. En un Senado fragmentado, donde la polarización suele bloquear avances, la senadora ha logrado la aprobación de 14 puntos de acuerdo de 30 presentados de manera personal. Los exhortos, lejos de ser simples llamados protocolarios, han tenido como destino dependencias federales y responden a necesidades concretas detectadas en el territorio tamaulipeco: salud pública, vivienda digna, producción agrícola y pesquera, medio ambiente, energía y seguridad hídrica.
Desde la detección temprana del TDAH y el fortalecimiento de campañas de vacunación, hasta la sustitución de pisos de tierra por pisos de concreto y la protección de especies prioritarias como la nutria neotropical, los puntos de acuerdo revelan una agenda que articula bienestar social, desarrollo sostenible y fortalecimiento del Estado de derecho. Es, en términos sociopolíticos, una práctica legislativa que entiende que la política pública comienza en lo estatal, pero se resuelve en lo institucional.
Este desempeño adquiere mayor relieve cuando se le contrasta con el resto de la representación federal. Senadores de mayoría y de representación proporcional de la actual Legislatura han pasado sin pena ni gloria en materia de impulso reformista. La ausencia de iniciativas propias y de resultados verificables no es solo un problema de imagen, sino una falla estructural de representación. En ese vacío, la figura de Olga Sosa surge como una excepción que confirma una regla incómoda.
No es casual que su trabajo se inserte de manera orgánica en la agenda del proyecto de transformación que encabeza MORENA y que hoy busca consolidar el llamado “segundo piso” bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo. Tampoco lo es que, en el inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, la senadora haya colocado en el centro del debate reformas estratégicas como la electoral y la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, con una implementación gradual que reconozca la complejidad económica del país.
Hay que tener siempre presente que en tiempos de desafección ciudadana y de descrédito institucional, la política necesita menos protagonismo y más resultados. Olga Sosa ha construido, con cifras y acuerdos, hasta el día de hoy, un canal de confianza entre el Senado y los grupos poblacionales, las cámaras empresariales y la ciudadanía en general.
Esa es, quizá, su principal fortaleza: demostrar que la productividad legislativa no está reñida con el diálogo, ni la innovación política con la responsabilidad institucional. En un Senado donde muchos legislan para la estadística personal, ella ha optado por legislar para que las decisiones lleguen, efectivamente, a la vida cotidiana de Tamaulipas y del país.
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- El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático
