David Ed Castellanos Terán
@dect1608
En el sur de Tamaulipas se está jugando con bisturíes sin licencia, en clínicas donde la legalidad es tan falsa como los diplomas que cuelgan de sus paredes. El caso de José Luis, un joven que se atrevió a realizar procedimientos estéticos sin contar con cédula profesional, ni siquiera con título de médico general, no es un hecho aislado ni accidental. Es una consecuencia directa del abandono institucional, la ineptitud de las autoridades estatales y la corrupción que permea desde lo más básico del aparato gubernamental. Bellum, la clínica que los abrió en canal.
En esta zona metropolitana de Tampico, donde los ciudadanos buscan desesperadamente cumplir con los estándares estéticos de moda, han florecido centros “de salud” que no tienen ni pies ni cabeza. Clínicas disfrazadas de consultorios, salones de belleza donde se colocan sueros intravenosos, y tratamientos invasivos aplicados por manos sin experiencia ni sustento académico, algunos, egresados de instituciones educativas privadas con más de 40 años. Pero lo más grave es que todo esto ocurre con la complacencia de quienes deberían regular, vigilar y sancionar.
El caso de José Luis es solo la punta de un iceberg que amenaza con arrastrar a la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas al abismo del descrédito. Vicente Joel Hernández Navarro, titular de esa dependencia, no ha mostrado ni el carácter ni la disposición para frenar esta cadena de negligencias médicas. En los pasillos de la propia Secretaría admiten que no hay protocolos de inspección eficientes ni voluntad para cerrar los establecimientos que operan fuera de la ley. Lo peor es que tras el escándalo mediático, ningún operativo ha sido anunciado, ningún otro centro ha sido inspeccionado, y nadie ha salido a dar la cara.
Y si a la Secretaría de Salud le tiemblan las manos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no canta mal las rancheras. Bajo el mando del joven Luis Gerardo “la piedra en el zapato de Lalo Gattás” Illoldi Reyes, el organismo sigue en una comodidad que raya en la desvergüenza. La omisión no es menor. Estas clínicas emplean personal sin contratos, sin seguridad social, sin las mínimas condiciones laborales, y hasta ahora no se conoce una sola acción de inspección o sanción por parte de esta dependencia.
A eso se le suma Protección Civil. ¿Cómo es posible que una clínica sin cédula profesional, sin cumplimiento de normativas sanitarias, sin respaldo académico, tenga todos sus permisos en regla? En Ciudad Madero, viejos conocedores en la materia como Roberto Chávez Ortega, Rommel Faustino Martínez Flores, en su paso como titulares de Protección Civil, con estos resultados, queda claro que pasaron de noche, y corrieron con suerte que no se viviera una tragedia durante su periodo como empleados municipales. Con todo y su experiencia, permitieron que una bomba de tiempo se instalara en pleno corazón de la ciudad sin mover un solo dedo. Es negligencia. Es colusión. Es traición a la confianza pública.
Mientras el joven José Luis enfrenta una avalancha penal, el resto de sus pares clandestinos sigue operando con libertad total. Y el Colegio de Médicos, ese que debería levantar la voz, calla. No exige, no se pronuncia, no señala. Calla como si no fuera con ellos, como si su responsabilidad terminara en la cuota de colegiatura.
La sociedad tamaulipeca también tiene parte de la culpa. Por años ha preferido mirar hacia otro lado, asumir que las cosas “así son” y “así se hacen”, y vivir en una postura cómoda, entre la indiferencia del que se cree inmune y la rendición del que ya no espera nada. No se puede seguir de rodillas y en flor de loto mientras se juegan con la salud y la vida de las personas.
Y mientras la autoridad sigue aletargada, la ola de impunidad crece. Hoy fue José Luis. Mañana puede ser cualquier otro. Y las víctimas, como siempre, serán ciudadanos que confiaron en un sistema fallido.
En la intimidad… Por poco y desaparecen del comunicado oficial a la contadora Rossy Luque de Martínez, presidenta del DIF Altamira. En el evento de entrega de equipos para personas con discapacidad, realizado con el apoyo de empresas responsables como INDELPRO y OXXO, la torpeza comunicacional casi borra del mapa a quien representa la institución.
La regidora Epifania “Fanny Amores” Morán Villeda tiene a su hijo, Humberto Medina Morán, como responsable de los boletines del DIF. Pero lejos de hacer comunicación política, están entregando materiales que rayan en lo amateur. Aunque cuentan con la asesoría de Mario Gámez, el caos en la comunicación persiste.
Cinco personas participaron activamente en el evento, pero el crédito se lo intentaron adjudicar sólo a dos. Omitir a la presidenta del DIF Altamira no es una locura, puede suceder, sí, como “un descuido”.
Cuidado, el nepotismo ya no solo manda en las decisiones, también controla lo que se dice y lo que no. Si desde el boletín oficial se empieza a borrar nombres por conveniencia, no se necesita escarbar mucho más para entender cómo se operan las agendas personales en las instituciones públicas.
Y si Epifania no se da cuenta o en Comunicación Social no saben, es porque no quieren. Porque la grosería se ve en cada linea. Solo que prefieren mirar para otro lado. Igual que muchos.
La verdad… a veces quema.
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